Los Seminarios Universitarios de Lucena (SUL) de 2004 han tenido en la jornada de hoy como protagonista principal el tema de la violencia juvenil, si bien los expertos que participan en el curso denominado "Violencia Juvenil: Prevención en la Educación Primaria y Secundaria" han rechazado la idea, comúnmente extendida, de que este tipo de agresividad alcance, en la actualidad, cotas que permitan hablar de alarma social.

Así, la coordinadora de Reforma Juvenil de la Delegación Provincial de Justicia y Administraciones Públicas de la Junta, Silvia Fernández, ha explicado que, especialmente en la última década, se ha producido en la sociedad un incremento de la sensibilidad hacia el mundo del menor en situaciones de riesgo, habiéndose puesto en marcha una gran variedad de medidas e intervenciones encaminadas a prevenir, paliar y/o modificar tales circunstancias; sin embargo esta dinámica provoca que, al mismo tiempo, se cree una "imagen errónea de la realidad, sobredimensionando los índices de violencia en la juventud y, sobre todo, asimilando como habituales las conductas más radicales o espectaculares, que son las que suelen salir en los medios de comunicación convirtiéndose en referencia". Al final todo ello puede repercutir en los menores produciendo un recrudecimiento de las leyes penales.

La técnica, especialista en el tratamiento de los problemas protagonizados por jóvenes menores de edad, ha cifrado en algo más de 300 los casos de infracciones cometidas por éstos en Córdoba, una provincia que no puede considerarse como fuertemente azotada por la agresividad dentro de este segmento de edad especialmente si se compara con otras, dentro de la misma Comunidad Autónoma andaluza, en las que se da una incidencia mucho mayor. Los más de 40 alumnos del curso -que ha tenido que ampliar sus plazas para acoger a todos los solicitantes- han conocido directamente los múltiples aspectos que presenta esta problemática y, de modo particular, el perfil del joven más propenso a desarrollar conductas delictivas, vandálicas o de otro tipo, que suele ser un varón, entre 16 y 18 años, con problemas en alguno de los ámbitos que afectan a su equilibrio emocional o personal, caso de la familia, la escuela o los amigos.

Silvia Fernández consideró que los cambios sociales han conllevado "algo muy necesario" como es el desarrollo paralelo de la vigente legislación sobre delincuencia juvenil, basada en "medidas preventivas, educativas y sociales" que vienen a complementar la tradicional función sancionadora. "La intervención siempre está presente pero ha de utilizarse como último mecanismo de actuación respecto a los chicos y chicas que incurran en delitos", manifestó. En este sentido, la coordinadora ha elogiado la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que entró en vigor el 13 de enero de 2001 y ha ido aplicándose progresivamente hasta la actualidad.

Según Fernández, "la Administración Pública ha dispuesto en ella una gran variedad de recursos con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento de las resoluciones judiciales, desde una perspectiva sancionadora-educativa, teniendo en cuenta tanto las circunstancias y gravedad del hecho delictivo cometido como las características de personalidad del menor, su situación y entorno socio-familiar, es decir, el interés superior del menor".

La ejecución de estas medidas, en las que prevalece su carácter pedagógico, educativo y formativo, no exento de mecanismos de control, se desarrollará mediante una atención individualizada al menor encaminada a su integración social y utilizando una serie de recursos acordes a cada una de las medidas. Al respecto, la ponente advirtió de la necesaria predisposición que debe darse en todo el sistema judicial, de atención social y en las administraciones públicas para adaptarse a las exigencias de la nueva normato de mecanismos, del que la sociedad también forma parte como un agente más, se pretende lograr la reinserción de estos menores, ofrecerles un futuro con más posibilidades y prevenir la comisión de más o más graves delitos de lo que se beneficiará tanto el menor como la sociedad en su conjunto", concluyó.